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CAPÍTULO XVI.NAVARRA RECHAZA EL ESTATUTO DEL PAÍS VASCO-NAVARRO
En
las Cortes comenzó a discutirse el 3 de junio el artículo primero del proyecto
de Estatuto, continuó el día 9 y se aprobó en la sesión siguiente por 72 votos
contra 11 de los diputados agrarios. La minoría agraria fijó su criterio con
una enmienda al artículo primero, redactada así: «Los diputados que suscriben
tienen el honor de proponer: España reconoce a Cataluña como región autónoma
con arreglo a la Constitución de la República y al presente Estatuto». La
propuesta sintetizaba, al decir de Gil Robles, un principio regionalista
siempre defendido por las derechas de España, porque si nosotros no podemos
admitir el concepto de nación como base de vuestras reivindicaciones, estamos
dispuestos a admitir el principio regionalista como base de la organización del
Estado.» Y añadió el diputado: Autonomista yo me proclamo y, como tal,
profundamente regionalista, lo cual no creo que en modo alguno vaya contra la
unidad intangible de la patria, que es lo que en estos momentos estamos
defendiendo. La nacionalidad implica soberanía, independencia; la región
implica una personalidad que puede y debe armonizarse en la total unión
superior de la patria española, y esa personalidad, que soy el primero en
reconocer a la región catalana, exige, como condición indispensable, la
concesión de una cierta autonomía, que no ha de tener más que dos limitaciones:
la capacidad de la región para regirse y los intereses generales de la
comunidad política superior de que forma parte.» «Esto es lo que yo entiendo
que son los derechos de la región y por eso me atrevo a proponer a la Cámara
que diga que España reconoce a Cataluña como región autónoma, afirmando vuestro
derecho como región y negando todo aquello que, por implicar un concepto
nacionalista, está en contra de la existencia de la patria única.»
Antes
de la votación del artículo primero, Companys anunció a la Cámara que había
sido dado de baja en la minoría catalanista el diputado Carrasco Formiguera. Perteneciente a la Unión Democrática de
Cataluña, partidario del separatismo por la violencia, fue delegado de «Accio
Catalana» en el Pacto de San Sebastián. Precedió la notificación a una enérgica
y fogosa protesta del expulsado «contra la decapitación del Estatuto por la
Comisión». El texto que se discutía «no era el texto votado por el pueblo catalán».
«Cataluña, exclamó, necesita gobernarse por sí misma y esto justifica su
nacionalismo. Todo lo que no sea dar el gobierno a tal pueblo no resuelve el
problema. Lo que Cataluña desea es que, a base de esta independencia, extendida
a los demás pueblos de España, se llegue a la unión de todos ellos, lo cual, no
sólo es españolismo, sino iberismo, europeísmo y universalismo». Rubricó su
indignación con estas palabras: «Dejadnos ser catalanes, pues aunque
renegáramos de nuestra condición, lo seríamos, como dice la letra de la sardana
que fue prohibida: «Nosotros seremos catalanes, tanto si lo queréis, como si no
lo queréis».
En
realidad, Carrasco Formiguera era una víctima de su
sinceridad antiespañola. Cosas más terribles e injuriosas escribían todos los
días periódicos separatistas y se oían en actos políticos en Cataluña. En el
fondo, los componentes de la minoría catalana estaban identificados con tales
ideas y la expulsión no era por disentimiento en lo ideológico, sino porque se
negaba a aceptar las componendas que negociaban sus jefes políticos con el
Gobierno. Convenía a los intereses de la minoría catalana presentarse
aglutinada y pacifista, dispuesta a la convivencia. En cambio, en Barcelona se
podía hablar de otra manera. Maciá proclamaba en la plaza de Lérida (12 de
junio): «Nación autónoma o región autónoma, lo que gobierne la Generalidad será
lo mismo, si es región como si es nación, porque no dejará de ser Cataluña.
Pero sería insensato hacer hincapié en una cuestión de palabras, aunque
reconocemos que la definición actual hiere nuestros sentimientos
nacionalistas». Y el alcalde de Barcelona, Aiguadé,
apuntó que el momento aconsejaba la táctica de «tornar lo que se pudiera y
seguir la labor nacionalista».
A partir del artículo segundo, que se refería al idioma catalán, muchos diputados radicales acentuaron sus discrepancias con el proyecto. Forcejearon los agrarios, especialmente Royo Villanova y Martín y el diputado de Acción Popular Casanueva, por dificultar el avance del Estatuto con votos particulares y enmiendas (16 de junio). Los catalanistas, por su parte, en un voto particular defendido por Xirau, pedían se autorizara la agregación a la Generalidad de los territorios limítrofes que lo solicitasen. Confusa se presentaba la situación por la resistencia de los radicales a aprobar el artículo segundo tal como aparecía en el dictamen, y el Presidente de la Cámara optó por aplazar una semana el debate. Esta medida produjo impresión en Cataluña. «Se trata de un incidente, comentó Maciá. Si el pueblo de Cataluña quiere el Estatuto, lo tendrá. Nosotros preferiríamos que fuese de acuerdo con los otros pueblos de España». Pero ese acuerdo cada vez era más difícil, porque la lucha se enconaba por momentos. Por ejemplo, en la campaña contra el uso del castellano. El Colegio de Abogados de Barcelona anunciaba un concurso para la creación de un vocabulario judicial catalán que sustituyese al castellano «con la mayor diferencia posible». Algunos universitarios catalanistas se esforzaban por buscar un léxico científico, sobre todo médico, «sin ningún parecido ni relación con el castellano». Cierto es que frente a tales maniobras un hecho cotidiano tenía la fuerza de un plebiscito aplastante: un sólo diario, editado en castellano, La Vanguardia, tiraba tres o cuatro veces más ejemplares que los seis diarios juntos escritos en catalán. Ante
el artículo segundo, los diputados catalanes daban la primacía a su idioma, los
radicales pretendían que «cuando ante los tribunales se planteasen litigios
entre individuos de distinta lengua, se usara siempre el castellano», y Acción
Republicana, por una enmienda del diputado Peñalva, proponía «que toda
disposición o resolución dictada dentro de Cataluña debería ser publicada en
ambos idiomas». Las gestiones para llegar a un punto de coincidencia
fracasaron, y el 23 de junio la oposición al Estatuto se manifestó más fuerte y
más compacta. Constituyó una sorpresa oír al diputado socialista por Zaragoza Algora, que aceptando las consecuencias que se derivasen de
su conducta, rompía con la disciplina del partido para votar la enmienda de los
radicales.
Unamuno,
como francotirador «sin representación expresa de nadie», reconoció que la
inmensa mayoría de los electores de todas las provincias estaban en contra del
Estatuto. «Algunos diputados me han dicho —refirió — que votarían el Estatuto,
pero contra su conciencia, y esto es indigno tanto en el que vota como en quien
acepta esos votos.» Todas las reivindicaciones catalanas, argumentó el diputado
García Valdecasas, «van contra la justicia, de la que
se hace víctima en primer término al pueblo catalán. España no fue nunca
nacionalista y hoy es cuando surge el peligro asimilista y precisamente contra
España». Cerró el debate Miguel Maura con unas frases agresivas: »No es posible
que la Cámara se sienta con dignidad bajo la presión constante de las autoridades
de Cataluña, pues de modo intolerable se viene diciendo una vez y otra que el
Estatuto se obtendrá como sea. No se puede emplear un lenguaje aquí y otro
allí. Jamás transigirá el país con un sistema de violencia y procacidad allí y
de componenda y amaño aquí». Puesto a votación el artículo, dio el siguiente
resultado: 191 votos en favor y 112 en contra. Votaron con el Gobierno
socialista, radicales-socialistas, Acción Republicana, catalanes, «Orga», nacionalistas vascos y Ossorio y Gallardo. Y en
contra, radicales, agrarios, conservadores, Servicio de la República,
progresistas, liberales- demócratas y Alba, Unamuno, Sánchez Román y Melquiades
Álvarez. El ministro de Obras Públicas, Indalecio Prieto, no votó. Abstención
muy significativa y reveladora de su íntima aversión al Estatuto.
Ni
la redacción del artículo ni el número de sufragios obtenidos satisfizo a los
catalanistas. «Hay que decir sinceramente, confesaba el diario de la Lliga Regionalista La Veu de
Catalunya que no se percibe una impresión de contento, de alegría, de
satisfacción por los resultados que se obtienen. Ello es debido a la tristeza
que produce el regateo parlamentario y este sucederse de votaciones nominales
en que a veces más que un interés en pro o en contra de la causa de Cataluña se
percibe una mezquina cuestión de combate o de consolidación del Gobierno.» A
juicio de Rovira Virgili, el más caracterizado teórico del separatismo, el
artículo contradecía «las ideas, los sentimientos y los derechos de los
catalanes». El diputado de la Lliga, Juan Estelrich, declaraba en Manresa (26 de junio): «El problema
catalán no quedará resuelto con la aprobación definitiva del Estatuto y esto
será preciso decirlo en las Cortes. Ahora aceptaremos lo que resulte. Los
derechos de Cataluña tienen una existencia de mil años, antes que la Revolución
francesa proclamase los derechos del hombre». Y evocó el triunfo de San Jorge
sobre el dragón que tenía en su poder a la doncella.
La
pasión catalanista se desbordaba a veces con insolencia, como sucedió en un
Consejo de Guerra celebrado en la Capitanía General de Barcelona (día 22)
contra Jorge Arquer y Jaime Miratvilles,
procesados por injurias a la Guardia Civil. Los encartados se negaron a
contestar si no se les interrogaba en catalán —a sabiendas de que conocían el
castellano, y como la mayoría de los jueces ignoraban el idioma, hubo de
suspenderse el juicio hasta conocer el criterio del general Batet, jefe de la
División. Dispuso éste se utilizase un intérprete, y en esta forma se reanudó
el Consejo.
Las
Cortes dedicaron la sesión del día 24 a rechazar enmiendas y votos particulares
presentados por las oposiciones. Entre las primeras, una de Unamuno sobre el
uso del castellano. El artículo 3.° quedó aprobado por 167 votos contra 19. (28
de junio). El artículo 4.° se aprobó en la sesión siguiente, después de
discutidas las consiguientes enmiendas presentadas por las oposiciones.
En
respuesta a ciertas apreciaciones hechas por los periódicos separatistas, sobre
lo que suponía la población de Barcelona, el diario radical El Diluvio publicó
.la estadística oficial de habitantes de la capital. De un total de 1.009.000
eran catalanes 634.673, comprendidos los hijos de los naturales de otras
regiones nacidos en Cataluña; los restantes se descomponían en esta
clasificación: 9.278 baleáricos, 88.290 valencianos, 81.368 aragoneses, 50.725
murcianos, 42.756 andaluces, 37.612 castellanos, 11.386 leoneses y varios
millares de vascos, navarros, canarios, gallegos, extremeños, etc., más 26.770
extranjeros.
El
Estatuto quebrantaba la homogeneidad de los partidos. Prueba de la disidencia
que hervía en el seno del socialismo fue la renuncia a sus actas hechas por
Rodrigo Almada y José Mouriz Riesgo. Ambos se dieron
de baja del partido por las concomitancias de éste con los autonomistas
catalanes. Mouriz, académico de Medicina, era
diputado por Oviedo, y Almada por Badajoz.
*
* *
Algunas
provincias empezaron a pensar que si la autonomía significaba la consecución
de tantas ventajas y privilegios como se decía en el Parlamento, más la
administración por cuenta propia de los ingresos, lo procedente era recabar un
Estatuto equiparándose a Cataluña. Focos autonomistas surgieron en aquí y
allá. Una asamblea magna de corporaciones y entidades económicas celebrada en
Zaragoza (27 de junio), convocada por una agrupación regionalista titulada
«Unión Aragonesa» acordaba «realizar una intensa propaganda regionalista,
explicando por todo Aragón las ventajas de la autonomía, para crear una
vigorosa conciencia regional». En Santiago de Compostela, por iniciativa del
Ayuntamiento, se reunieron (4 de julio) representaciones de los Ayuntamientos y
Diputaciones de toda Galicia y de entidades económicas para designar una
Comisión encargada de redactar un Estatuto gallego.
Pero
donde los preparativos del Estatuto adelantaban era en las provincias
Vascongadas y en Navarra. Por decreto del Gobierno (8 de diciembre de 1931) las
Comisiones Gestoras de las Diputaciones de Alava,
Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra quedaron autorizadas para
preparar el proyecto o proyectos de Estatuto. Reunidas en Bilbao (15 de
diciembre de 1931) las cuatro Comisiones, acordaron que una ponencia compuesta
por tres miembros designados por los alcaldes y cuatro más, uno por cada Comisión,
redactase el Estatuto definitivo para someterlo a la aprobación de los
Ayuntamientos. Como trámite previo, en asambleas celebradas en las cuatro
provincias se discutió sobre si convenía un Estatuto general, o uno para cada
provincia, prevaleciendo el criterio unitario, si bien los Ayuntamientos
navarros lo condicionaron a que se entendería aprobado el Estatuto cuando
sometido a referéndum lo aceptase el 66 por roo de su censo. El partido
socialista pidió tres puestos en la Comisión y se accedió a ello.
Inmediatamente comenzaron los trabajos, distinguiéndose por su asiduidad e
interés los nacionalistas. «Seríamos injustos, escribe José Antonio Aguirre, si no citáramos como
alma de estos interesantes estudios a los diputados nacionalistas señores Horn y Leizaola, y especialmente al señor Basterrechea, quien en unión del señor Madariaga, casi
diariamente, con tenacidad y profundo conocimiento del problema, iban
preparando todos los temas y toda la documentación necesaria que luego eran
utilizadas en las reuniones oficiales de la Comisión.»
El
artículo primero del Estatuto, aprobado en Estella, decía así: «Alava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya acuerdan constituirse
dentro del Estado español en núcleo político-administrativo autónomo, que se
denominará en castellano País Vasco» y «Euzkalerria»
o «Euzkadi» en lengua vasca.» Euzkalerria significa
pueblo de los euskaldunas: Euzkadi era una invención filológica del fundador
del nacionalismo, Sahino Arana Goiri, ideada
cincuenta años antes. Los delegados navarros se opusieron a la absorción de la
personalidad de su país en la expresión «País Vasco» y pidieron y fueron
atendidos que la denominación fuese País-vasco-navarro.
Tras
afanosa e intensa labor, especialmente en cuanto concernía a impuestos y cupos
para determinar la aportación tributaria del país vasco-navarro al Estado
Español, el Estatuto quedó concluido en los primeros días de abril de1932. Poco
se parecía al proyecto primitivo, aprobado en Estella, tan exuberante en
expansiones nacionalistas, que muchas veces eran separatismo sin ninguna
veladura. El nuevo estaba alicortado en lo concerniente a enseñanza, orden
público, facultades y atribuciones del Gobierno vasco, y mutilado totalmente
en autorizaciones para negociar directamente con la Santa Sede y menos a
concordar con ella. Se trata de una transación —decía
la Comisión de Alcaldes al dar por terminada la labor (18 de abril)— en aras de
la concordia y mutua comprensión, que en los trascendentales momentos por que
atraviesa la historia y la vida del país habrá que tener presente por todos los
que tengan alguna representación o mandato que pudiera influir en los destinos
del mismo.»
Las
fuerzas más caracterizadas de derecha no compartían el contento y optimismo de
los férvidos autonomistas. En San Sebastián, Juan Olazábal, desde el diario La
Constancia; en Bilbao, José María Urquijo, con escritos propios o
inspirados por él en La Gaceta del Norte, y en Pamplona, El Diario de
Navarra, frenaban los entusiasmos desbordados con llamadas a la sensatez y
cordura de los vasco-navarros. ¿Es posible, preguntaban, que haya todavía
quienes esperen obtener del presente régimen algo que pueda satisfacer nuestros
anhelos de vasco-navarros y de católicos? ¿Acaso ignoran quienes tal cosa
esperan que el Estatuto habrá de tener necesariamente el refrendo de Indalecio
Prieto? En Navarra apuntaba cada vez con más fuerza una opinión contraria al
Estatuto único. Puestos en el trance ineludible de votar o por un Estatuto que
sirva para todas las regiones o por un Estatuto que sea de Navarra y para
Navarra, votamos, decían, por este último, por ser lo foral, lo tradicional y
lo nuestro. El abogado e ingeniero Víctor Pradera, de origen navarro, se
distinguía en su impugnación verbal y escrita al Estatuto y expresaba en carta
publicada en Diario de Navarra (16 de enero): «El derecho de los vascos
está en la restauración de los fueros respectivos; no en la confección de un
Estatuto para un país que jamás existió políticamente, y menos aún en trasladar
el aborrecido centralismo de Madrid, agravado en tercio y quinto a Bilbao,
Vitoria, Pamplona o San Sebastián.»
El
brote disidente de los navarros dejaba perplejos a los nacionalistas; sin embargo,
de las votaciones celebradas el 31 de enero en las cuatro capitales, para que
los ayuntamientos se declarasen en favor o en contra del Estatuto único, se
dedujo una gran mayoría favorable. La verdad era que cuanto concernía al
problema autonomista se presentaba tan confuso, que la mayor parte de los
representantes de los ayuntamientos carecían de criterio claro y responsable.
Fue
a partir de este momento cuando en Navarra empezó a meditarse seriamente en lo
que significaba de mengua y desmerecimiento para la personalidad histórica de
la región semejante compromiso fraguado por gentes hostiles a España. Como lo
recio del ataque al Estatuto era por su aconfesionalidad y neutralismo en
materia religiosa, los diputados nacionalistas Aguirre y Pildaín visitaron al obispo de Vitoria, doctor Mateo Múgica, que sufría destierro en La
Puye, cerca de Poitiers, para rogarle se sirviera concretar por escrito si los
católicos podían o no votar el Estatuto. El Vicario de la Diócesis, autorizado
por el prelado, resolvió la consulta en una nota (26 de mayo): «Quienes voten
el Estatuto —decía— no cometen por ello pecado alguno, a pesar de que den por
supuesto el hecho de la existencia de la actual Constitución laica española y
de que no se consignen en el articulado del Estatuto más facultades y
atribuciones que las que en él pueden constar con arreglo a dicha Constitución,
cuyos laicismos están ya, desgraciadamente, en vigor y no se hacen aquí más
viables ni más eficaces para el mal por el voto y la implantación del
mencionado Estatuto.»
La
preparación de la Asamblea de Ayuntamientos se hacía a tambor batiente. Estaba
convocada para el 19 de junio en Pamplona. El Estado Mayor de la propaganda de
Euzkadi apeló a todos los recursos, para organizar un acto grandioso. «Acudió
principalmente a la Ribera de Navarra —escribe Aguirre—, donde el renacentismo vasco caminaba más despacio.» Hay pruebas
irrefutables de que en aquella zona, la propaganda tropezaba con resistencias
insuperables. Esas pruebas esclarecen también que la actitud de los
nacionalistas con respecto a la Iglesia y sus ministros era muy distinta en
público que en privado.
Ante
el nuevo Estatuto los tradicionalistas no mantenían aquella actitud benévola e
incluso entusiasta con que acogieron el proyecto de Estella. Las Juntas de la
Comisión Tradicionalista en Vascongadas y Navarra reunidas en Vitoria (24 de
mayo), después de oponer reparos al Estatuto y desconfiar de las ventajas del
mismo, acordaron remitir a «la conciencia y discreción de cada uno de sus
afiliados su individual actuación en cuanto a la emisión del voto». Los
personajes más conspicuos del tradicionalismo, que pusieran su empeño en sacar
adelante el primer proyecto ahora enmudecían. Únicamente el presidente de la
minoría vasco-navarra, Joaquín Beúnza, mantenía
íntegra su ilusión autonomista. Otros dos diputados navarros independientes, Aizpún y Gortari, hicieron saber que votarían el Estatuto,
«porque era un intento de recobrar más facultades político- administrativas
para Navarra» a lo cual les contestaba Víctor Pradera desde Diario de
Navarra (16 de junio): «Los intentos no pueden ser aplaudidos aun siendo los
fines laudables, si los medios o instrumentos con que se llevan a efecto son
ilegítimos. Contra la tradición, contra la Historia, no se puede ir.»
El
cambio fue radical. El ayuntamiento de Pamplona, con mayoría tradicionalista,
acordaba tres días antes de la Asamblea votar contra el Estatuto. De la noche
a la mañana, en los muros de Pamplona y en los sitios visibles de las
carreteras de Navarra aparecieron letreros con estos avisos: «No votéis el
Estatuto laico», «Fueros, sí; Estatuto, no». «El Estatuto aumentará en un 30
por 100 los impuestos». El asombro de los delegados nacionalistas al
presentarse en Pamplona en la mañana del 19 de junio no tuvo límite. Llegaban
confiados en la plena conformidad de las cuatro provincias y se encontraban a
Navarra insurreccionada contra el Estatuto. Pero la sorpresa fue mucho mayor
cuando al constituirse la presidencia de la Asamblea en el Teatro Gayarre
advirtieron la ausencia de los diputados tradicionalistas. En cambio, Indalecio
Prieto había enviado su adhesión entusiástica. Los proyectos de un País Vasco
unificado por un Estatuto elaborado bajo el patrocinio del Gobierno, con la
cooperación de los técnicos de Euzkadi, se habla desplomado como castillo de
naipes. La asamblea fue un constante alboroto, y el más tenaz impugnador del
Estatuto, el diputado radical-socialista y alcalde por Santesteban,
Azarola, al que en vano pretendió reducir Aguirre con apelaciones a la
fraternidad vasco-navarra. «Navarros y vascos —respondía el obstruccionista— no
somos una familia, aunque tengamos una relación política.» «¿Cuál será el
Estatuto que impondrán a Navarra, éste o el que nos amañen las Cortes?» El
disidente logró contagiar de su desconfianza a la mayoría de los representantes de los ayuntamientos navarros,
que compartían la misma sospecha. Puesto a votación el proyecto de totalidad
del Estatuto, dio el siguiente resultado por ayuntamientos: Alava,
52 en favor, 11 en contra y 15 abstenidos; Guipúzcoa, 84 en favor, 2 en contra
y 3 abstenidos; Navarra, 123 en contra, 109 en favor y 35 abstenidos; Vizcaya,
109 a favor, 1 en contra y 6 abstenidos.
A
la vista del resultado, el presidente de la Comisión Gestora de Vizcaya,
Laiseca, proclamó: «La provincia de Navarra no quiere el Estatuto; por lo
menos, no quiere el Estatuto preparado por las Comisiones Gestoras. Si yo
dijese que no quiere Estatuto quizá no me alejase demasiado de la verdad.»
Para
Aguirre lo sucedido era una catástrofe y los responsables los tradicionalistas
e integristas. «Traición del año 1932, más grave aún que aquella del año 1837
de los campos del Convenio de Vergara. Así lo recordará la Historia algún día».
El acto de Pamplona tuvo sonadas repercusiones: La primera en Álava: el
diputado tradicionalista José Luis Oriol, en una reunión de alcaldes celebrada
en Vitoria, decía: «El Estatuto era muy general y nada concreto. Eran unas
bases a desarrollar en forma que podían ser muy distintas. Pero teniendo en
cuenta que frente a los intereses de provincias tan ricas como Vizcaya y
Guipúzcoa, eminentemente fabriles y marítimas, bien podrían defenderse los
intereses de provincias terrestres como Álava y Navarra, casi equilibradas en
población con las dos primeras, los que nos preocupamos por los intereses de
Álava pasábamos por alto la inconcreción del Estatuto fiados en la semejanza de
intereses que nos une con Navarra. ¡En caso de litigio, bien acompañados
estábamos! Pero, separada Navarra de dicho Estatuto, a consecuencia de la
Asamblea de Pamplona, el peligroso antagonismo de Álava y de las dos provincias
hermanas surge más potente y más amenazador que nunca. Ahora sí, no vacilo en
afirmar que sin la ayuda de Navarra el Estatuto fracasado en Pamplona sería
perjudicial para Alava.»
Otra
consecuencia de la Asamblea fue la disolución de la minoría parlamentaria
vasco-navarra. Su presidente, Joaquín Beúnza,
renunció al acta, poniéndola en manos de los electores.
En
las Cortes estaba pendiente de discusión el título II del Estatuto catalán,
sobre atribuciones de la Generalidad, desde el 30 de junio. El diputado
Humberto Torres defendió el dictamen, impugnado por Felipe Sánchez Román.
Entendía éste, como lo había dicho en anterior intervención, que el Estatuto
rebasaba los límites literales de la Constitución.
Tanto
la facultad de legislar como la concerniente a la división territorial eran
contrarias a lo preceptuado en la Constitución y grave error creer que las
autonomías eran concesiones incondicionales del Estado. Equivocada y peligrosa
la amplitud de atribuciones en el sistema foral catalán. Mientras en todos los
países se ha llegado a la unificación de la legislación civil —decía—, en
España se propende a la multiplicidad, y hasta se crean tribunales regionales,
no ya para la legislación peculiar, sino para aquella que como la mercantil es
igual para toda la República. Ello resultaba excesivo e incompatible con lo
preceptuado en la Constitución. Si los socialistas lograron recabar para el
Ministerio de Trabajo la intangibilidad de la legislación social, ¿por qué no
se pidió el mismo respeto para lo concerniente a asuntos de Hacienda, Orden
Público y Enseñanza?
Estelrich, en nombre de la minoría regionalista, respondía que el
Estatuto se ajustaba al texto constitucional, y si bien los catalanistas se
conformaban por el momento, no renunciaban al programa completo de sus
aspiraciones: «Una gran Cataluña de acuerdo con las enseñanzas históricas,
pero en acercamiento y concordia con el resto de España.» Con estos ideales
«aunque sin ambages nos sentimos nación, no podemos llamarnos nacionalistas».
«Queremos un Estado fuerte que puede protegernos mejor, no un Estado fuerte que
pueda aniquilarnos más fácilmente.» Deseamos «que no se recorte el Estatuto de
forma que pueda servir de brillante programa de un movimiento separatista».
El
calor del verano, la duplicidad de sesiones, la complejidad de los asuntos
discutidos y el lento progreso de los debates traían malhumorados a los
diputados, irritables en exceso y propensos al diálogo violento e intemperante.
El Estatuto enrarecía el ambiente parlamentario y el de la calle, donde la
protesta se expresaba en forma de escritos, manifestaciones y hasta de
chascarrillos, recurso muy utilizado por el pueblo español para desfogar su
encono o su disgusto. Verdadera burla fue un rapado de pelo que hizo un joven
llamado José Blanes, ayudado por dos amigos, al consejero de la Generalidad
Ventura Gassols, el más alborotado e incandescente de
los diputados separatistas, lugarteniente de Maciá que lucía largas melenas.
Le sorprendieron en el hotel de Madrid donde se alojaba y recluyéndolo en el
cuarto de baño le cortaron algunos mechones de pelo con una máquina. Realizado
el rapado, huyeron. Al día siguiente Blanes estaba en Portugal. La burla se
transformó por arte de la propaganda política en un infame atentado. Hubo
diario catalanista en Barcelona que lanzó una edición especial para divulgar la
noticia. La Cámara hizo constar por unanimidad su protesta. Gassols fue recibido en Barcelona como «mártir de la causa», según le calificó Maciá.
Le esperaban las autoridades y los amigos para llevarle en manifestación hasta
la Generalidad. Se reclamó su presencia con aplausos. «Los momentos difíciles
que atravesamos —exclamó— imponen más que nunca el sacrificio, aunque los
sacrificios que aguantamos empiezan a fatigarnos.» «No lamentemos los
esfuerzos, ni los sacrificios, con tal de alcanzar lo que queremos», aconsejó
Maciá en su arenga.
De
más trascendencia que este incidente fueron las instrucciones que el jefe de la
División de Barcelona, general Batet, dio a los generales y jefes de Cuerpo, al
aconsejar la conducta que debían seguir respecto al problema catalán. «Se
cumplimentará, contestó, cuanto las Cortes, únicas soberanas resuelvan.» «Por
el bien del Ejército, que es siempre el bien de la nación, añadía Batet en su
nota (30 de junio), precisa que ahora y en lo futuro permanezcáis alejados de
todo ambiente político, guardando en lo más profundo de las conciencias vuestro
pensar y sólo atentos al cumplimiento del deber por penoso que éste sea,
aceptando sin protesta ni tan siquiera mental cuanto el pueblo, único y eterno
soberano, legisle.»
Discutida
en dos sesiones la totalidad del título II del Estatuto, se debatía el artículo
V, y el diputado agrario Royo Villanova, esforzado y constante impugnador del
Estatuto, al defender un voto particular se le ocurrió comparar aquél con un
proyecto de independencia de Marruecos que años atrás urdió el cabecilla
Abd-el-Krim. Cayeron sobre el orador diputados de todas las fracciones
gubernamentales, para sepultarlo bajo insultos y denuestos. Pretendía reanudar
el discurso, pero las interrupciones se sucedían, con especial violencia del
lado de los socialistas próximos al diputado castellano. Entonces éste,
dirigiéndose a uno de aquéllos, gritó:
—Ustedes,
¡a cobrar!...
Se
reprodujo el escándalo con más fuerza. Los socialistas, con fieros ademanes le
acosaban exigiéndole explicaciones. Terció el Presidente, intervinieron
diputados catalanes, vocales de la Comisión, y todo concluyó en una votación
que rechazó por gran mayoría la petición de Royo Villanova de que las
atribuciones conferidas a la Generalidad sólo pudieran ser ejercidas mediante
autorización expresa de las Cortes por ley especial.
A
partir de este momento la situación se hizo más tensa. La animosidad contra
Royo Villanova iba en crescendo, y los escándalos menudeaban. Se debatían las
atribuciones de la Generalidad en materia de servicios telefónicos,
espectáculos y Prensa. Discurría, Ossorio y Gallardo sobre el modo de llevar a
la práctica la legislación del Estado en materia propia de la región autónoma,
cuando fue interrumpido por Royo Villanova. Confieso —exclamó éste— que siendo
catedrático de Derecho no entiendo...
El
diputado catalán Puig y Ferrater le insultó: ¡Burro!
He
aquí lo que sucedió a continuación, según consta en el Diario de Sesiones (6 de julio): «Royo Villanova: «Vean ustedes, ya me llaman burro». (Grandes
protestas).
El
señor Calderón: «Se ha injuriado a un catedrático que está haciendo uso de su
derecho, y es necesario por prestigio de la Cámara que el que ha proferido esa
frase dé una explicación.
Alvarez Angulo: «S. S. es un cavernícola.» (Rumores.)
Puig
y Ferrater: «Con permiso de la Cámara: Sin duda me he excedido en lanzar esa
palabra al señor Villanova; pero tengo que manifestar con toda energía y con
toda serenidad que mi intención era decir una cosa mucho más grave y mucho más
dura (grandes protestas que duran largo rato)... Pues seré breve. ¿No os dais
cuenta de que estamos perdiendo el tiempo y de que quien más contribuye a ello
es el paladín de esa obra vana e inútil: el señor Villanova? Entonces yo en un
momento de pasión, no lo quiero ocultar, para significar su incapacidad de
colaborar en la tarea de hacer esa nueva España junto con Cataluña, ante esa
ineficacia, ante esa especie de cerrazón de su pasión, porque no creo que sea
su entendimiento, es su pasión que le ciega la mente, entonces queriendo decir
incapacidad, esa era la palabra, he dicho burro: la retiro, pero me sabe muy
mal que aunque retire esa palabra, ella va a resonar en toda España, porque
desde las Cortes irá a la Prensa que es su tornavoz (grandes aplausos).
Retiro la palabra, pero hago mi protesta más firme, más enérgica que nunca, de
la minoría catalana, de la República, de España, de Cataluña y del Parlamento. (Aplausos
en diversos lados de la Cámara. Fuertes protestas en la minoría agraria, cuyos
miembros son increpados violentamente por gran número de diputados.)
El
señor Fanjul: «¡De España, no; traidores!»
Se
promueve un gran tumulto, y Ossorio y Gallardo, puesto en pie, protesta con
indignación. La Presidencia, tras grandes esfuerzos consigue poner término a la
confusión.
El Presidente: «Algo muy grave debe haberse dicho en la Cámara cuando el señor Ossorio y Gallardo, persona tan ponderada y serena, da muestra de tan grande exaltación. Dejemos a este señor diputado que explique lo ocurrido.» El
señor Ossorio y Gallardo: «Muchas gracias, señor Presidente, por haberse
adentrado noblemente en mi opinión, reconociendo que sólo un sentimiento íntimo
y ardoroso que me arranca lágrimas ha podido llevarme a solicitar la atención
del Congreso en momentos de tal emoción. Sí, hay un motivo. No es la primera
vez que en voz más elevada o más recatada oigo calificar de traidores a los
diputados catalanes. Y yo me pregunto: Si ellos son traidores, ¿qué papel
tenemos en la Cámara los diputados castellanos que en todo, en mucho o en algo
estamos a su lado y creemos que les asiste un tanto de razón? La condenación
viene sobre todos, y ya es ocasión de que en este debate se sanee la atmósfera
para que no vuelvan a producirse cierta clase de imprecaciones que sustituyan a
los argumentos. Yo, señor Fanjul, soy más humilde que S. S., menos culto que S.
S. (grandes exclamaciones de negación); pero soy tan español como S. S. (muy
bien, aplausos). Cada cual tiene su concepción y sus modos de servir a la
Patria, y yo os digo: patriotismo verbalista, no; patriotismo estancado, no;
patriotismo monopolizado, no; marcha de Cádiz, no (grandes aplausos).
¿Qué especie de coacción va a resucitar en esta Cámara (resucitar, porque ya la
hubo en otras) para que frente a un grupo de diputados que podrán estar
equivocados pero que proceden con nobleza, se cruce el grito de ¡Viva España!?
¿Quién no se suma a él, si hasta los catalanes, cuando tuvieron que agradecer
el discurso del ilustre Jefe del Consejo de Ministros, no supieron decir otra
cosa, sino: ¡Viva España! (muy bien). El señor Companys, con lágrimas en
los ojos, gritó: ¡Viva España! (grandes aplausos). Ese grito no puede
constituir una división: cada cual tiene el modo de sentir el patriotismo que
le da su idiosincrasia. ¡Viva España!, sí; pero una España liberal, democrática
y justiciera; ¡Viva España!, pero una España donde quepamos todos los españoles
sin que nadie ejerza presión sobre los demás. ¡Viva España!, pero una España
jurídica, donde el derecho ocupe lugar preeminente y no sea posible la arbitrariedad,
ni el despotismo; ¡Viva España!, fuente de amor, de cordialidad y de concordia;
¡Viva España!, con amplitud de pensamiento y de almas de donde no se excluya a
nadie; pero un ¡Viva España! Que quiera constituir una barrera y separar unos
de otros, no; eso, ¡no! Yo pido rendidamente a la Cámara que no entre nunca
ninguno de sus miembros en tal camino, porque constituiría la mayor torpeza.
Catalanes, castellanos, todos estamos aquí adscritos y juramentados al servicio
de España y cada cual lo entiende de un modo, pero todos son igualmente respetables.
Y perdónenme, señores, que haya tenido esta expansión dejando fluir mi
sentimiento, que si no hubiera salido me ahogaría, como ahoga el amor y ahoga
el llanto.
Fanjul:
«Pido la palabra., (Grandes y violentas protestas de la mayoría. La
presidencia reclama orden.)
Y
Fanjul, al explicar sus palabras probó con textos el separatismo de la minoría
catalana.
Ossorio
y Gallardo fue el héroe de la jornada. Los presidentes del Consejo y de la
Cámara le felicitaron. Diputados catalanes y republicanos pugnaban por
abrazarle. «El señor Ossorio y Gallardo —comentaba A B C (7 de julio)—
hizo ayer en las Cortes un papel melodramático con un éxito de los que colman
una carrera. El señor Ossorio, que ha hecho tantas cosas para merecer el
concepto en que se le tiene, no podrá hacer que mejore ni que iguale su faena
de ayer para afirmar perdurablemente la calificación de que goza. Blasón para
toda su vida y epitafio seguro ante la posteridad... Al señor Ossorio, desertor
de tantas banderas, renegado de tantas filiaciones políticas y de tantos
compromisos, vuelto ahora de espaldas a toda su antigua significación y que
dentro de la Monarquía, conservando el mote pérfidamente, coadyuvó a la conjura
antimonárquica, hay que recordarle que el señor Maciá y los amigos y secuaces
del señor Maciá son los que un día se alzaron en armas contra España, y los que
en Cuba suscribieron y publicaron una Constitución, que no era sólo
separatista, absolutamente separatista, sino una declaración de guerra y odio a
España; son los que infieles al pacto de San Sebastián, el 14 de abril, antes
de constituirse aquí el Gobierno, se apresuraron a proclamar la República de
Cataluña. Bien está que el señor Ossorio los defienda y les dedique sus
lágrimas. ¡Es la vocación!»
*
* *
Pero
las victorias del Gobierno en el Parlamento eran pírricas, y la situación se
hada insostenible. El Estatuto no avanzaba. El Gobierno creyó llegado el
momento de negociar un arreglo, para salir de la situación embarazosa en que
se hallaba. Azaña se dirigió al jefe de la minoría catalana fijándole las
concesiones a que el Gobierno podía llegar, especialmente en los problemas de
Hacienda, Justicia y Enseñanza, con la advertencia de que aquél tenía votos
suficientes, aun sin contar con los catalanes, para sacar adelante un Estatuto.
Azaña
buscaba un arreglo, preocupado por la frialdad creciente de ciertos grupos
republicanos reacios a votar el proyecto, y ante el fragor y auge de la
protesta. «Puede decirse, escribía La Libertad (7 de julio), que en
estos instantes España tiene un solo problema grave, una sola dificultad seria:
el Estatuto de Cataluña. Por él no están ya aprobadas las leyes que han de
desenvolver la vida general de la nación; por él espera todavía el país las ventajas
del régimen democrático que se ha dado. ¿No es esto lamentable? Sí lo es, El
Estatuto, decía Melquiades Álvarez, en Lorca (4 de julio), «es la ofensa más
grave que se puede inferir a la Patria, y España con su clamor se opone
terminantemente a la cercenación de la unidad
nacional, que es lo que representa el Estatuto. Ningún español podrá conservar
su dignidad si permite que ese Estatuto se lleve a la práctica.» Entre los
innumerables actos de protesta celebrados en la primera decena de julio, el más
sonado fue la asamblea extraordinaria de la Defensa Mercantil Patronal
Madrileña (1 de julio). Acordaron los reunidos la revisión de los Aranceles,
movilizar a los elementos económicos del país, manifestarse públicamente en
Madrid, organizar un plebiscito nacional y promover un intenso movimiento de
industrialización de España.
La
máxima esperanza de cuantos deseaban el fracaso del Estatuto estaba puesta en
Lerroux, de nuevo hombre de la situación, con la suficiente fuerza
parlamentaria para impedir que llegase a buen fin el proyecto. De sus
declaraciones en las Cortes y fuera de ellas no podía inducirse en el jefe
radical intención hostil para el Estatuto, y, sin embargo, a la gente le
gustaba engañarse forjándose un jefe a su conveniencia que en cualquier
momento, con un gesto de arrogancia patriótica, derribaría el tinglado autonómico
que se levantaba tan penosamente. Veinte mil personas se congregaron en la
plaza de toros de Zaragoza (10 de julio) para oír al jefe radical, atraídas por
el rumor muy extendido de que de su discurso se deducirían trascendentales
consecuencias políticas. Desde los comienzos atacó a quienes en vez de gobernar
para todos los españoles gobernaban sólo para una clientela. La Iglesia y el
Ejército —dijo— han soportado con resignación y sin resistencia las medidas
adoptadas sobre ellos. Pero «se ha insistido en ahondar la llaga para provocar
así la reacción en otros sectores nacionales que se levantan como protesta del
dolor causado en el Ejército y en la Iglesia, y quién sabe si se están gestando
actos de rebeldía que no bastará la fuerza para reprimirlos, porque aun cuando
se reprimieran, quedarían en el fondo como una protesta que se apoya en actos
de razón. Los ensayos de socialización no los estimaba el orador injustos, pero
sí inoportunos y peligrosos. El mayor daño al país era haber sembrado desconfianza
en el porvenir pacífico de la República. El socialismo ha engrosado,
especialmente en Andalucía y Extremadura, con elementos mal hallados con la
Ley, con la Sociedad y con el Código Penal. Respecto al Estatuto, «no puedo
creer —afirmó— que Cataluña aspire a un Estado independiente y de golpe se
coloque en esa situación: yo lo que he pedido es un mínimo de Estatuto
compatible con la dignidad de aquella región e incompatible con su
independencia». No pudo explayar con más detención sus ideas sobre el Estatuto
porque el vocerío del público, las interrupciones y los vivas a España se lo
impidieron. En homenaje a Zaragoza, amenazada con la desaparición de la
Confederación del Ebro, censuró «el prurito de destrucción de cosas creadas por
la Monarquía y por la Dictadura que no se deben destruir» y en cuanto a la
desaparición de la Academia Militar de Zaragoza, la consideró «un error que se
rectificará y la Academia volverá aquí». «Empeñarse en persistir en la
situación actual —concluyó Lerroux— representa una dictadura que puede ser
ejercida por el mismo Parlamento. No se puede gobernar cuando se tiene enfrente
a la mayoría del país, y esto puede tener como consecuencia el pueblo en la
calle, y yo no quiero ver expresiones de fuerza en mi país. Espero ocasión en
que sea prudente y no arbitrario decir al Gobierno que ha llegado la hora de su
relevo.»
Sobre
estos mismos temas insistió en un banquete celebrado en el Centro Mercantil.
Aquí reprodujo, más cargadas de metralla, sus agresiones contra los
socialistas. «No se aprobará, prometía, el Estatuto sin un artículo que conceda
al poder central el derecho a suspenderlo en caso de peligro para la economía y
la unidad nacional.» Ofreció para cuando él gobernara elevar a su cumbre a la
Confederación del Ebro y devolver a Zaragoza la Academia General Militar «y con
ella su antiguo director, de quien yo sé que es un héroe y un caballero». Una
vez en el Poder, «restableceré el orden y perseguiré como a sabandijas a todos aquellos que se coloquen fuera de la Ley».
Los
amigos de Lerroux estimaban los discursos como de muy acentuado pesimismo:
dejaban adivinar mucho más de lo que decían sus palabras. ¿Qué se había
propuesto el jefe radical? Al denunciar el divorcio existente entre el
Parlamento y el país y decir que la mayoría representaba una dictadura y una
usurpación, ¿no equivalía a desahuciar por anómala y falsa la legislación que
se preparaba? Los discursos de Lerroux eran una apelación al Poder moderador,
para anunciarle que se aproximaba o había llegado la hora del relevo. Así
estaban las cosas, cuando el partido socialista y la Unión General de
Trabajadores lanzaron un manifiesto (14 de julio) que era un veto
revolucionario, no sólo a la disolución de Cortes, sino a la mera posibilidad
de un cambio de Gobierno. Explicaban cómo intervinieron «en el movimiento que
culminó en las jornadas históricas del 13 y t4 de abril: y su «colaboración
leal» en el nuevo régimen para consolidar la República. «No hemos faltado
—decían— a ninguno de los compromisos contraídos con los demás partidos
republicanos.» Si continuamos nuestra participación en el Gobierno no es por el
deseo de mantenernos en el Poder, sino porque no se ha constituido todavía el
partido republicano o la coalición de partidos republicanos capaces de hacer frente
a la contrarrevolución y de asegurar la necesaria e indispensable obra de
consolidar la República. Nadie con más ardor que nosotros ansia la formación de
un sólido frente republicano.» «Si tal es la situación, ¿qué se propone con sus
extemporáneas e inexplicables intervenciones el jefe del partido radical? El
país debe conocerlo y las masas republicanas meditarlo con el más exquisito
cuidado. El partido radical con su actual minoría parlamentaria no puede
constituir Gobierno. Tampoco puede constituirlo con otras minorías
republicanas, las cuales, sobre repudiar los procedimientos que viene
utilizando el señor Lerroux, no pueden hacerse solidarias de una política que
niega en sus fundamentos la obra renovadora de la República.» «¿Cómo podría
entonces realizarse el tan ansiado relevo? ¿Mediante una disolución de las
actuales Cortes? Sería un golpe de Estado, porque las nuevas elecciones deberán
hacerse con la ley antigua y escamoteando el voto a la mujer, sin haberse
cumplido los fines consignados en la convocatoria de las Cortes Constituyentes,
en la cual figuran taxativamente, entre otras cosas, el problema relativo al Estatuto
de Cataluña.» Se decía también en el manifiesto que si la solución se buscaba
por medio de una dictadura, «el partido socialista y la Unión General de
Trabajadores se levantarían como un sólo hombre, sin reparar en medios, por
violemos que fuesen.» Encontraban sospechoso el llamamiento hecho al Jefe del
Estado en nombre de un partido adicto al régimen; sospechosa también la
acogida que las extremas derechas dispensaban a la afirmación de que el
Parlamento no representaba a la opinión del país, y el apoyo que semejante
actitud había de prestar forzosamente a los elementos impunistas en el momento mismo en que se disponía a actuar la Comisión de
Responsabilidades «y en que un gran contrabandista y sus colaboradores van a
responder ante la Justicia de la República de los desafueros cometidos bajo el
antiguo régimen con la tolerancia y complicidad de éste y con la intervención
de muchos que se declaran furiosos adversarios del mismo». Las Comisiones
ejecutivas del partido socialista y de la Unión General de Trabajadores
denunciaban «la burda maniobra» y daban la voz de alerta a los ciudadanos.
El manifiesto indignó a los radicales, y por lo que suponía de amenaza agravó la situación. Lerroux lo calificó de antipatriótico y antirrepublicano y en las Cortes se consideró que el documento obligaría a plantear el debate político. El
artículo quinto del Estatuto quedó aprobado (13 de julio) por 185 votos contra
75. Los diputados radicales votaron en contra. Al intervenir Gil Robles para
defender tres enmiendas sobre los derechos de asociación, reunión y Prensa, los
socialistas trataron con violentas interrupciones de impedir al diputado que
expusiera su pensamiento: Véase como las refleja el Diario de Sesiones (13 de julio).
«Gil Robles: Tengo que protestar de que aquí se esté dando el visto bueno no sólo a la suspensión de periódicos, sino a la incautación de imprentas, con un abuso que no se conoce en ningún pueblo civilizado, pues en todos hay un régimen jurídico que vosotros rechazáis porque estáis al lado de las facultades dictatoriales del Gobierno. Ya lo he dicho más de una vez: Cuando muchos de vosotros estabais callados —en tiempo de la Dictadura— yo escribía en contra de la censura gubernativa (exclamaciones y protestas). Puedo presentar pruebas que ninguno de los que os sentáis en esos bancos (señalando a los socialistas) podéis hacer. (Muchas exclamaciones y protestas. El señor presidente reclama orden). Las
interrupciones en tumulto no son razones; yo presento hechos. (Nuevos
rumores y nuevas protestas. Varios señores diputados pronuncian palabras que no
se oyen). Me llamaron como técnico... (Exclamaciones), pero no cobré
dietas como el señor ministro de Trabajo, cuando fue consejero de Estado. (Nuevas
protestas en la minoría socialista. El señor presidente agita la campanilla).
El señor Álvarez Angulo: Eso es un exabrupto de Su Señoría). Pero a Su Señoría
hay que quitarle el «exa». (Grandes protestas en la minoría socialista).
El señor Álvarez Angulo: Su Señoría es un pretencioso. Si no sujetásemos a los
obreros no podríais hablar ni estar aquí. (El señor Menéndez pronuncia
palabras que no se perciben). ¿Cómo dice Su Señoría? El señor Menéndez:
Digo que más caro que las dietas son las comisiones o corretajes de la Deuda
hecha por Calvo Sotelo. (Continúan los rumores y protestas). Su Señoría
es un calumniador que no se atrevería a sostener eso en ninguna parte. Yo no
tuve nada que ver con el señor Calvo Sotelo desde que puso los pies en el
Ministerio de Hacienda, y me extraña mucho que diga eso el señor Menéndez, el
cual jamás ha tenido título alguno para representar al proletariado, porque ha
sido siempre un burgués que ha vivido... (Grandes protestas). El señor Alvarez Angulo: ¡Qué habla Su Señoría del proletariado y
qué sabe Su Señoría de socialismo! (El señor presidente reclama orden. El
señor Menéndez pronuncia palabras que no es posible percibir por los rumores
que hay en el salón y que provocan risas en la minoría socialista). Señor
presidente, a mí no me ofende el que quiere, sino el que puede; pero esas
palabras tiene que retirarlas el señor Menéndez, no por mí, sino por el decoro
de la Cámara (nuevas protestas). Presidente: ¿Qué palabras son las que
ha dicho el señor Menéndez? Señor Menéndez, si Su Señoría ha pronunciado alguna
palabra en mí momento de excitación... Menéndez: ¿Cuál? Presidente: No lo sé.
Menéndez: ¿Lo de perfecto? Pues lo dejo en imperfecto imbécil y queda retirada. (Grandes protestas en radicales y agrarios). El señor Ayuso: ¡Que un
subsecretario diga eso! (Siguen los rumores y protestas). El señor
presidente: Ruego al señor Menéndez que retire esas palabras. El señor Royo
Villanova: En las Cortes no se pueden pronunciar palabras malsonantes. Esto es
un Parlamento o un... (Los rumoree impiden oír el final.)»
Diálogos
al estilo del copiado eran frecuentes en el Parlamento; escenas propias de
patio de vecindad muy repetidas, no obstante lo cual el ministro de Agricultura
afirmaba que las Cortes Constituyentes «por reflexivas, serias y puras eran un
ejemplo en la historia de la democracia universal» y el presidente de las
Cortes al cumplir un año las Constituyentes (14 de julio) las encomió porque
«brindaban el optimismo de creer en una nueva España» y además «representaban
un caso insólito en la historia contemporánea».
*
* *
La
atención estaba puesta en el veto de los socialistas al partido radical que
hería al régimen republicano en sus fundamentos. Los ministros socialistas se
declararon acordes con el manifiesto, y los radicales-socialistas, por boca de
Albornoz, en un mitin celebrado en Valladolid (17 de julio) confesaron su total
compenetración con los socialistas. Así estaban las cosas cuando Lerroux se
levantó en su escaño para interpelar al Gobierno La Cámara se hallaba al rojo
vivo. En la crisis de diciembre, Lerroux, advertido del estado de la opinión
contraria al predominio de los socialistas, requirió a Azaña para que
compusiera un Gobierno de republicanos. En Zaragoza sostuvo el mismo criterio:
«Creo —añadió— llegada la hora de que los socialistas se aparten del poder».
«El poder se reclama, se pide, se exige cuando se cree que quienes lo tienen lo
ejercen con grave daño para el país, y en esa situación se encuentra el
Gobierno». Lo más sensacional del discurso fue la ampliación de aquel anuncio
hecho en Zaragoza de un grave peligro para el régimen, sobre el cual previno al
jefe del Gobierno por un mandatario que resultó ser Martínez Barrios. Creía
Lerroux haber prestado con ello un servicio eminente a la República, si bien
Azaña «insensible a algo que está en la conciencia de todos», recibió la
confidencia «con su gran confianza y optimismo invencible». A ello contribuyó,
sin duda, que el confidente callase los nombres de los presuntos rebeldes, que
Lerroux silenció por respeto a su dignidad y para no ser un delator».
La
réplica de los socialistas ha sido el manifiesto, que en realidad es un veto.
Ya en otra ocasión Largo Caballero había dicho que contra un Gobierno presidido
por Lerroux estaba justificada hasta la guerra civil. ¿Por qué se repite la
coacción en un documento oficial?, preguntaba Lerroux. El manifiesto es una
coacción, una amenaza y una conminación al más alto poder del Estado. Es,
además, injurioso para la minoría radical y para su jefe. «En el propio
documento se hace una alusión a no sé qué género de relaciones de esta minoría
o mías con un hombre que está «sub judice» sometido precisamente a la
jurisdicción de una Comisión parlamentaria. ¿En qué fundáis esta alusión, que
es indigna de vosotros, que maltrata la verdad, que difama e injuria a una
minoría y pretende indignificar a un hombre como yo a
quien vosotros mismos habéis pedido que se preparara a ser candidato para la
Presidencia de la República?»
«Yo
no tengo cierto género de arrogancias que suelen ser un reto, pero permitidme
la suprema inmodestia de decir que para hablar conmigo es menester ponerse de
pie y mirarme a la cara, y nadie puede mirarme de alto a bajo, que si yo he
tenido en el decurso de mi vida errores y he cometido pecados, mis
sufrimientos, mis luchas, por muchos que hubieran sido aquéllos y por graves
que fueran las acusaciones, me han redimido en un Jordán que no todos vosotros
habéis pasado, porque no basta ser obrero para decir que se ha sufrido: también
los que no hemos calzado alpargatas, ni las llevamos en el entendimiento ni en
el corazón, hemos purificado nuestra vida de todos aquellos errores de la
juventud en una calle de la Amargura, a cuyo extremo estoy y no desconfío todavía
de que me hagáis subir a la cumbre del Gólgota.»
«El
Gobierno ha de decir si se hace o no solidario del documento. Si lo primero, el
partido radical adoptará las actitudes precisas en defensa de su dignidad. Si
lo segundo, son los socialistas los que deben definir su actitud.»
El
jefe del Gobierno intervino y comenzó congratulándose de que se hubiera
planteado el debate, «un paso más en la tarea de ir formando la política
republicana». Entendía que hasta ahora no se había hecho otra cosa que publicar
por decreto o traer al Parlamento algunas, no todas, de las cosas concertadas
por los partidos antes del advenimiento de la República, con la aprobación del
señor Lerroux». En diciembre el partido radical dijo que no podía continuar
representado en el Gobierno si continuaban los socialistas, «y ahora no sólo
rechaza la colaboración con los socialistas, sino que le parece mal que le
formemos los demás y que los socialistas continúen en el Poder», porque debido
a esto, en España se gobierna en socialista, afirmación que el orador rechaza
por falsa. «Seguimos una línea media, única posible en una república burguesa,
parlamentaria y democrática como es la española.» «¿Qué creéis vosotros que es
una dictadura del proletariado y una revolución social, si a esto llamáis un
Gobierno revolucionario? Véase, por ejemplo, lo sucedido en lo tocante al orden
público: si el Gobierno ha tenido la mano feliz en alguna materia ha sido en
ésta.» «Contra el Poder público se han estrellado, una tras otra, oleadas
formidables de insurrecciones y no hemos hecho ni un mártir, ni un héroe, ni
una víctima.» El Gobierno, tal y como está constituido, «permanecerá en su
trinchera llevando adelante el programa expuesto en su declaración ministerial.
Concluida su función, declinará los poderes». E importaba mucho no hacer
imposible, desde ahora, un Gobierno de concentración republicana.
En
este sentido el discurso de Lerroux en Zaragoza, «sino ha roto la posibilidad,
pone en inminente peligro la probabilidad de que los republicanos puedan
colaborar juntos en el Gobierno». «El señor Lerroux dijo cosas graves: nos ha
anunciado —cosa que nos espanta— que él colaborará con personas procedentes de
la Monarquía. Trató ligeramente un punto capital en la política militar de la
República y un punto capital en la política religiosa de la República: el
supuesto descontento de una parte de los elementos militares lastimados por las
reformas no puede admitirse por una porción de razones: la primera, que S. S.
concede quizá demasiada importancia o demasiado volumen a las confesiones
auriculares de éstas o de las otras personas, que yo me sé de memoria, más o
menos heridas en legítimas ambiciones y posiciones oficiales; y la segunda, que
aunque ese descontento existiera y aunque existiera el peligro de que S. S.
generosamente ha querido salvarnos, metiéndose en un error, aunque ese peligro
existiera, repito, nunca puede ser motivo para una modificación ministerial.»
La política militar de la República «fue sancionada por la mayoría de las
Cortes y aprobada por todos los partidos que estaban en el Gobierno». «Jamás
pueden volver a influir en el rumbo de la política republicana el temor, ni la
gratitud, ni el deseo de complacer a ningún cuerpo del Estado; esto es un
principio fundamental de la República, y si se infringe pone en inminente
peligro la posibilidad de una concentración republicana.» Respecto a la política
religiosa, el Gobierno, añadía Azaña, «no ha hecho sino cumplir una parte del
artículo 26 de la Constitución, que dispone la disolución de la Compañía de
Jesús. Si se han aplicado sanciones de carácter gubernativo, ésas no son cosas
antirreligiosas». «Eso no es perseguir a la Iglesia, eso es imponer la
autoridad del orden público.»
Después
de referirse desdeñosamente a la frase del jefe radical: «la continuación de
este Gobierno implicaría una dictadura», afirma que el tema se complica con
otra declaración de Lerroux sobre la dictadura militar. «Volvemos, exclamó, al
tópico de la dictadura militar. No sé cómo exhortar a todo el mundo a que deje
de hablar de esta entidad. Hablad, si queréis, de la dictadura del proletariado
o de la del clero, o de la de los hombres rubios; pero la dictadura militar,
señores diputados, ni la nombréis siquiera... Hablando de esto lo que se
consigue es escandalizar a los propios militares, que lo que desean es que se
les deje cumplir en paz su función como puedan, con arreglo a los recursos que
el Estado les dé. El traerlos y llevarlos como una amenaza o como un fantasma
les escandaliza. Además, con ello se siembra la desconfianza en el pueblo
respecto al Ejército.»
Abordó,
finalmente, el asunto del manifiesto socialista como réplica al discurso de
Zaragoza. «El Gobierno no tiene por qué hacerse solidario del manifiesto.» En
un Gobierno de coalición cada partido lleva su táctica, sus polémicas y sus
puntos de vista. «En el manifiesto hay expresiones que pecan de vivas, sus
mismos autores lo reconocen. Otras que pueden parecer anticonstitucionales.
Pero ¿lo son en realidad? En el manifiesto se preveían unos ciertos supuestos
para una cierta actitud política.» Si el supuesto surgiese, «no sólo sería
obligación de los socialistas, sino de todos los republicanos hacer lo que los
socialistas han prometido hacer».
«Mientras
tengamos mayoría en las Cortes o el Presidente de la República no use de su
prerrogativa constitucional que todos en silencio acatamos, este Gobierno se
mantendrá en el Poder hasta dar cima al programa parlamentario que se impuso,
en el cual entra la aprobación del Estatuto de Cataluña, la Ley Agraria, la de
Orden Público, la Ley Electoral y alguna otra cosa que anda por ahí en los
dictámenes de las Comisiones y que en este momento no recuerdo.» «Éste es
nuestro programa. Si no gusta, no hay más que derrotarnos. A mí me encanta que
haya oposición, porque gracias a ella vivimos. Nada más aborrecible en un
Parlamento que la unanimidad. Ya no se puede hacer la política pensando en el
decreto de disolución, como se hacía en tiempos de la Monarquía: lo que hay que
conquistar ahora es la voluntad de los electores. Así se logra autoridad y
preeminencia política.»
¡Conquistar
la voluntad de los electores! ¿Se atreve el Gobierno a convocar unas elecciones
parciales?, preguntaba Lerroux en su rectificación. El Gobierno no lo hará
—aunque hay vacantes unos puestos de diputados—, porque teme a una coalición de
derechas. Las Cortes Constituyentes fueron convocadas para una misión especial
y tienen un término normal. La política religiosa, una vez cumplido lo
dispuesto por la Constitución, subleva las almas. He dicho, exclamó Lerroux,
que no haría ascos a elementos procedentes de la Monarquía. Esto a Azaña le
espanta, y, sin embargo, «él los ha buscado, los ha encontrado y los ha llevado
al Ministerio, y en verdad que no tiene por qué arrepentirse...» Existe
dictadura del Parlamento cuando se ejercen las funciones del poder legislativo
con divorcio entre el Parlamento y la opinión. «Me temo mucho, concluyó, que si
yo ofreciese al Gobierno un medio de manifestar esa opinión, el Gobierno no me
lo autorizase. Ese medio sería la manifestación en la calle. Temo que no se
permitiera, porque estas cosas se sabe dónde empiezan, pero no se sabe dónde
acaban. ¿Contáis con la opinión? Pues probadlo.»
Terció
en el debate Indalecio Prieto, para responder al jefe radical en nombre del
partido socialista, agraviado por la persistente actitud hostil de Lerroux: en
Ciudad Real llegó en su desprecio a decir públicamente que todos los ladrones
de aceitunas eran socialistas. El manifiesto era una réplica al discurso de
Zaragoza, y los tres ministros socialistas estaban de acuerdo con el documento,
no sólo por disciplina de partido, sino de corazón. Si existe alguna frase que
pueda ser discutida «será debida al carácter de quien la redactó, desliz
puramente literario». «Pero en el fondo estamos de acuerdo.» Sólo la suspicacia
de Lerroux ha podido creer que se le relaciona con el caso March. «Los
socialistas estimaríamos un acto subversivo la disolución de estas Cortes sin
la aprobación de aquellas leyes para cuya misión fueron elegidas.» Juzgaba el
orador que Lerroux desdeciría su historia si amparase una dictadura militar. Y
tampoco le consideraba capaz de ignorar que no se podía gobernar contra los
socialistas, «la organización política más fuerte que hay en España, que no se
puede destruir ni desconocer» y a la que no le interesa permanecer en el
Gobierno «más que el tiempo necesario para cumplir los compromisos contraídos
solemnemente». Compromisos a los cuales no era ajeno Lerroux, «pues a cuantos
se ha hecho en materia de legislación prestó su conformidad el jefe radical».
»Ya
antes de ahora se ha proclamado que todas aquellas medidas y resoluciones
adoptadas por los Gobiernos anteriores y las que ha adoptado éste responden a
compromisos contraídos tan solemnemente por nosotros como por S. S. Eran
acuerdos adoptados en aquellas reuniones nocturnas que celebrábamos en una
salita del Ateneo, a los que S. S., prestó su conformidad, que luego han
plasmado en decretos y en proyectos de ley que han tenido la aprobación expresa
de S. S., y no hay nada en todo lo legislado por decreto o por ley, nada,
absolutamente nada, hasta ahora, que no haya tenido expresamente la aprobación
de S. S.»
Insistió Prieto en la contradicción que evidenciaban las palabras y los hechos de Lerroux. En Zaragoza tronaba contra la Reforma Agraria, trastornadora de la economía del país, y pedía que no se ahondara más en las llagas inferidas a la Iglesia, y horas después el diputado Álvarez Mendizábal apoyaba en nombre de la minoría radical un voto particular, pidiendo que se expropiaran los bienes de la Iglesia Católica y los de las congregaciones religiosas sin indemnización. Los
socialistas, decía Prieto, no hemos pasado a la República ninguna clase de
factura. «Los elementos militares que intervinieron en la conspiración
exigieron nuestra participación en el Gobierno, y entonces nosotros,
sacrificándonos, y por no deshacer el movimiento, acudimos a ocupar estos
puestos.» «El peligro para la República es que las masas se desvíen del
socialismo y acudan a aumentar otras huestes revolucionarias.» El peligro está
en la desnaturalización y desmoralización de la República, no porque las
derechas se adueñen de ella, sino porque se busque la colaboración de «escorias
sociales con el pretexto de robustecer el régimen». «He dicho muchas veces que
las derechas españolas tienen un órgano magnifico, moderno, precavido y celoso
de la marcha de todas las colectividades que forman un sector de la vida
española. Yo leo todos los días ese órgano, cuya perspicacia ha logrado muchas
veces despertar la mía. El comentario elogioso de ese periódico, El Debate,
al discurso de Lerroux en Zaragoza debe hacerle pensar al jefe radical.»
«Estamos
seguros, terminó Prieto, de nuestra lealtad al socialismo y a la República. No
hay tal veto al señor Lerroux. Si éste cree que el Gobierno de los socialistas
perjudica al país, nosotros estimamos que un Gobierno presidido por el señor
Lerroux sería funesto y no tendría nuestro apoyo.»
La
respuesta de Lerroux fue la del hombre débil e inseguro que se sabe prisionero
de su propia conducta. Eludía el combate y retrocedía: trataba de desarmar al
adversario con homenajes y lisonjas a la corrección y cortesía de Prieto. «El
partido socialista no es responsable evidentemente de los hechos criminales
ocurridos en España.» «¿Quién duda de la lealtad del socialismo para la
República?» En efecto, él llamó—en días lejanos— ladrones de aceitunas a los
socialistas. «En la otra República, Roque Barcia decía que no podía afirmar que
los republicanos fueran unos criminales, pero sí que todos los criminales se
habían declarado republicanos. Lo mismo digo —añadió Lerroux— de los ladrones
de aceitunas. Yo no dije que los socialistas fueran ladrones de aceitunas, pero
que era evidente que todos éstos se habían declarado socialistas.» «No siento
hostilidad hacia el partido socialista, que al permanecer en el Gobierno
sacrifica sus ideas a éste.» Deploraba que lo ministros suscribiesen el
manifiesto, pero agradecía las explicaciones sobre el asunto March...
Conciliador y afable, Lerroux aceptaba lo que le ofrecían y a la vez entre
excusas y perdones brindaba la paz. ¿Dónde se fue aquel espíritu belicoso que
asomó en su discurso anterior cuando parecía dispuesto a derribar las columnas
del templo? «Yo estaré al lado del Gobierno frente a todo intento de dictadura
militar o civil, por muy generosa que sea o que parezca una intentona
semejante.» Afirmaba el jefe radical que multitud de elementos liberales,
votantes del 12 de abril, se habían alejado del Gobierno, pero poco después
certificaba la existencia de un ambiente de simpatía hacia la República que se
debe aprovechar «procurando que muchos ciudadanos no se alejen de ella». «La
lucha contra la reacción a que se refiere el manifiesto la aceptamos y
suscribimos. Una sola palabra ante el peligro, en el camino de la República,
dicha por persona caracterizada, y en el acto el partido radical abandonará su
actitud de oposición.»
Indalecio
Prieto, conmovido por las efusiones de Lerroux, exclamó: «La República española
es inconmovible e indestructible.»
Una
intervención de Miguel Maura para reanimar el debate no encontró eco. El jefe
del Gobierno puso el epílogo. «De dos semanas a esta parte, dijo, se va
introduciendo la costumbre de invocar funciones constitucionales atribuidas al
Presidente de la República, que cumple con acrisolada pulcritud sus deberes y
ejercita sus derechos.» «Es conveniente, recomendó, no traer a colación el
posible uso o desuso que el Presidente pueda hacer de sus facultades
constitucionales.» También se hace uso inmoderado de la opinión pública, que
cada partido o diputado la supone de su parte: «ésta es una cuestión que se
decidirá en su día por las vías constitucionales del sufragio universal». «Si
el señor Lerroux quiere demostrar el estado de la opinión pública por
manifestaciones callejeras, puede hacerlo. Mas el procedimiento es grave y
peligroso, según el jefe radical, y la responsabilidad le pertenecerá por
entero.» Ningún republicano cerrará al partido radical el camino de su
trayectoria política normal, y por parte del Gobierno, no encontraría ningún
obstáculo. «Se equivocan quienes como el señor Maura afirman que estas Cortes
sólo sirven para una obra de conjunto.» Esto es imposible. Nunca hemos estado
de acuerdo en nada. «La Constitución salió a través de enormes batallas en que
rara vez coincidían dos grupos.» Se reprocha al Gobierno por haber traído a las
Cortes el proyecto de Estatuto y se olvidan, los que tal dicen, que dicho
proyecto fue depositado solemnemente por Alcalá Zamora, siendo jefe del
anterior Gobierno, en manos del presidente de las Cortes. Azaña rechazó como
infamante la aseveración de haber pactado con la minoría catalana para sacar
adelante el Estatuto a cambio del apoyo de dicha minoría. «El Estatuto salió de
un plebiscito, lo reformó una comisión dictaminadora y el Gobierno está
dispuesto con la colaboración de las oposiciones y de todos los grupos de la
Cámara a buscar la manera, si es decorosamente posible, de llegar a soluciones
que pueda votar el mayor número de diputados.»
«El
debate concluye, a mi parecer, decía Azaña, mucho más fructuosamente de lo que
comenzó. Sin resultado parlamentario, porque no había un conflicto
parlamentario. En la contienda entre un partido y otro, entre radicales y
socialistas, se ha puesto en claro la verdadera esencia de las actitudes, se
han desvanecido violencias y acritudes. No puedo por menos de felicitarme de
que los dos partidos más poderosos de la Cámara, conservando cada cual su
posición, su condición, su autoridad, su táctica y su relación con el Gobierno,
puedan ver que no queda entre ellos un agravio procedente de las cosas
pasadas.»
Reconciliados y amigos salían, del debate parlamentario, al decir de Azaña, radicales y socialistas. Decepcionados cuantos pusieron su esperanza en el jefe radical. Éste acababa siendo un firmante más del manifiesto socialista. Todo seguiría igual. Y los socialistas continuarían en el Gobierno para prolongar su sacrificio. Podía ser verdad, como aseguraban Lerroux y Maura, que la opinión pública estuviera divorciada de las Cortes, pero Araña contestaba que el gobernante no debía guiarse por una corriente de opinión ni someterse a ella. Era bien conocido su desprecio por las expresiones de la calle. La batalla se reñía en las Cortes, y aquí Azaña se consideraba invulnerable porque contaba con una mayoría incondicional. A continuación del discurso de Lerroux se votó una enmienda. 235 diputados votaron con el Gobierno. Mayoría absoluta con exceso. La demostración, la califico Azaña de imponente.
CAPÍTULO XVIIBATALLA EN TORNO AL ESTATUTO CATALÁN
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